Cero en Dependencia es lo que merece el Gobierno de la Generalitat Valenciana de Camps, puesto que a dos años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y en contraste con otras comunidades autónomas, la Generalitat Valenciana sigue impidiendo que miles de personas dependientes reciban servicios y ayudas económicas.
Los últimos datos, de fecha 1 de marzo de 2009, apuntan a nuestra Comunidad como la última (junto a la de Madrid) en la aplicación de la Ley.
En toda España, se han registrado 788.288 valoraciones de dependencia, de las cuales 37.689 son de la Comunidad Valenciana. Lo triste es que, si la Consellería de Bienestar Social hubiera hecho su trabajo, se habrían registrado 85.923 solicitudes.
Pero es que hay más datos que dejan muy mal a la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, de los 326.630 dependientes que disfrutan ya de una prestación por este concepto, sea de ayuda o servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, residencia, cuidador o asistente personal) en nuestra Comunidad sólo 15.111 dependientes disponen de esa ayuda o servicio y la mayoría ya estaban atendidos con anterioridad en centros. Si el Consell hubiese aplicado la Ley, hoy 35.602 dependientes valencianos se hubieran podido acoger a esa ayuda. El boicot político del PP valenciano a dicha Ley ha provocado un daño irreparable a 20.491 mayores y enfermos dependientes que aún esperan disfrutar algún día de los beneficios de esa Ley.
Otro ejemplo es que -de la figura del cuidador familiar que es la prestación preferida por los dependientes y sus familias-, y a la que se acogen en España 151.291 casos, en la Comunidad Valenciana, sólo la tienen 4.110 personas, de las 16.490 que deberían tenerlo. De hecho sólo se resuelve una de cada 27 solicitudes lo que aboca a casi 90.000 personas a permanecer en un limbo administrativo de indefensión y desesperanza.
No es de extrañar que, ante una situación tan injusta, estén surgiendo colectivos para denunciar los obstáculos del Consell a la Ley y reivindicar la simplificación del procedimiento administrativo, la resolución de los expedientes en un plazo máximo de 6 meses, concesión de las ayudas desde el día de la solicitud, otorgar a los ayuntamientos el máximo de competencias en la tramitación de las ayudas y compensar a los familiares de los dependientes que han fallecido sin haberse resuelto su solicitud. La Generalitat Valenciana por su parte pone su mayor empeño en privatizar los servicios de atención a dependientes.
Como creemos que las cosas en este ámbito se están haciendo muy mal y no existe interés político en aplicar esta Ley “socialista” (aprobada también con el voto del Partido Popular) que afecta a tantas familias, desde nuestro Grupo pedimos que nuestro Ayuntamiento también haga algo, que cobre protagonismo, que actúe, que tome iniciativas y asuma acciones como las de algunas poblaciones que han llegado a acuerdos con el Colegio de Abogados para crear un turno de oficio que preste asesoramiento a las personas y familias que tengan derecho a acogerse a la Ley de Dependencia. Que el PP entienda de una vez que no se trata de un tema de partido que se resuelva haciendo negocio con las residencias sino del problema real de muchas personas, de seres humanos que se encuentran en una situación a menudo desesperada, a las que las administraciones públicas tienen la obligación -además por Ley- de dar respuesta. Se lo debemos a todas esas personas y es ruin obstaculizar ese derecho sólo por oponerse al Gobierno socialista.
Los últimos datos, de fecha 1 de marzo de 2009, apuntan a nuestra Comunidad como la última (junto a la de Madrid) en la aplicación de la Ley.
En toda España, se han registrado 788.288 valoraciones de dependencia, de las cuales 37.689 son de la Comunidad Valenciana. Lo triste es que, si la Consellería de Bienestar Social hubiera hecho su trabajo, se habrían registrado 85.923 solicitudes.
Pero es que hay más datos que dejan muy mal a la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, de los 326.630 dependientes que disfrutan ya de una prestación por este concepto, sea de ayuda o servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, residencia, cuidador o asistente personal) en nuestra Comunidad sólo 15.111 dependientes disponen de esa ayuda o servicio y la mayoría ya estaban atendidos con anterioridad en centros. Si el Consell hubiese aplicado la Ley, hoy 35.602 dependientes valencianos se hubieran podido acoger a esa ayuda. El boicot político del PP valenciano a dicha Ley ha provocado un daño irreparable a 20.491 mayores y enfermos dependientes que aún esperan disfrutar algún día de los beneficios de esa Ley.
Otro ejemplo es que -de la figura del cuidador familiar que es la prestación preferida por los dependientes y sus familias-, y a la que se acogen en España 151.291 casos, en la Comunidad Valenciana, sólo la tienen 4.110 personas, de las 16.490 que deberían tenerlo. De hecho sólo se resuelve una de cada 27 solicitudes lo que aboca a casi 90.000 personas a permanecer en un limbo administrativo de indefensión y desesperanza.
No es de extrañar que, ante una situación tan injusta, estén surgiendo colectivos para denunciar los obstáculos del Consell a la Ley y reivindicar la simplificación del procedimiento administrativo, la resolución de los expedientes en un plazo máximo de 6 meses, concesión de las ayudas desde el día de la solicitud, otorgar a los ayuntamientos el máximo de competencias en la tramitación de las ayudas y compensar a los familiares de los dependientes que han fallecido sin haberse resuelto su solicitud. La Generalitat Valenciana por su parte pone su mayor empeño en privatizar los servicios de atención a dependientes.
Como creemos que las cosas en este ámbito se están haciendo muy mal y no existe interés político en aplicar esta Ley “socialista” (aprobada también con el voto del Partido Popular) que afecta a tantas familias, desde nuestro Grupo pedimos que nuestro Ayuntamiento también haga algo, que cobre protagonismo, que actúe, que tome iniciativas y asuma acciones como las de algunas poblaciones que han llegado a acuerdos con el Colegio de Abogados para crear un turno de oficio que preste asesoramiento a las personas y familias que tengan derecho a acogerse a la Ley de Dependencia. Que el PP entienda de una vez que no se trata de un tema de partido que se resuelva haciendo negocio con las residencias sino del problema real de muchas personas, de seres humanos que se encuentran en una situación a menudo desesperada, a las que las administraciones públicas tienen la obligación -además por Ley- de dar respuesta. Se lo debemos a todas esas personas y es ruin obstaculizar ese derecho sólo por oponerse al Gobierno socialista.
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